Para un país en vías de desarrollo que, como el nuestro, cuenta con una población de 1.400 millones de habitantes, el poder controlar con eficacia en un tiempo relativamente corto esta epidemia y garantizar las condiciones de vida básicas del pueblo constituyó una tarea extremadamente ardua, cuyo cumplimiento nos exigió no solo trabajar duro, sino pagar un elevado precio: en el primer trimestre del año en curso, la economía registró un crecimiento negativo y el orden de la producción y la vida se vio alterado. Pagar tan alto precio fue algo que debíamos y valía la pena asumir, ya que las vidas humanas siempre deben prevalecer sobre todo lo demás. Propulsamos coordinadamente la prevención y el control epidemiológicos y el desarrollo económico y social, impulsamos sin pérdida de tiempo la reanudación del trabajo y la producción, y pusimos en práctica 90 políticas y medidas repartidas en ocho aspectos, encaminadas a la concesión de ayudas a las empresas para estabilizar los puestos de trabajo; a la exención total o parcial de algunos impuestos y tarifas; a la supresión de todos los peajes de carretera; a la rebaja de los costes del consumo energético; y al otorgamiento de créditos subsidiados. Conforme al procedimiento establecido, fijamos con antelación el techo de la deuda de los gobiernos territoriales. Nos ocupamos de la arada primaveral sin perder la temporada. Promovimos incansablemente el acometimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza. Además, concedimos subsidios al personal del frente antiepidemia y a la gente necesitada, y duplicamos el importe normativo de los subsidios temporales a los precios. Todas estas políticas han beneficiado a las amplias masas populares y han promovido inmediata y eficazmente la garantización del abastecimiento y la estabilización de los precios, así como la reanudación del trabajo y la producción, mostrando la economía de nuestro país una gran resiliencia y un enorme potencial.